DENUNCIA. Por Amada Carrero (Madrid). Una experiencia de precariedad laboral
Durante el pasado mes de septiembre trabajé como teleoperadora en una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme.
Mi sorpresa fue cuando me dijeron que no había superado el periodo de prueba. Me pregunte: ¿qué ha pasado? ¿tan mal lo he hecho? Quise saber lo que había ocurrido y encontré la respuesta: habían despedido a todos aquellos con minusvalías, emigrantes y mayores de 35. Ya sabemos las empresas cobran una subvención por nosotros, por firmar una serie de contratos a “colectivos desfavorecidos”... A mi parecer, y con la esperanza de que esto deje de suceder pues se pone en juego el pan de muchas personas, este tipo de empresas no deberían existir. En definitiva, se necesita un lugar digno para vivir, un mínimo empleo para sostenerlo, a nuestros hijos y a uno mismo. En teoría,son derechos constitucionales, por otro lado, básicos. ¿O no? 
Firmé el contrato con la expectativa de que el trabajo me permitiera vivir dignamente, al menos durante una temporada.
Al menos me queda la sensación de que no era yo la que lo hice mal pues, encima, hacen que te sientas como si fueras tú el único responsable de no conservar el empleo.
Las personas empezamos a despertar, caemos en cuenta de que la prioridad no son los papeles que dicen si estamos o no cualificados. No queremos ser un numero de carné de identidad ni tener que pagar por una educación o que la salud sea un negocio.
Hoy, mínimamente, y por el solo hecho de haber nacido en un medio social todo ser humano requiere adecuada alimentación, sanidad, vivienda, educación, vestido, servicios... y llegando a cierta edad necesita asegurar su futuro por el tiempo de vida que le quede.
Con todo derecho la gente quiere eso para ella y sus hijos, ambicionando que estos puedan vivir mejor. Sin embargo, esas aspiraciones de miles de millones de personas hoy no son satisfechas.
(Silo. Humanizar la Tierra)

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